sábado, 9 de octubre de 2010

Aborto y objeción


Carta a la Directora publicada en la edición del 9 de octubre de 2010 de
Diario de Navarra


Durante la tramitación en el Congreso de la Ley del Aborto, UPN no presentó ninguna enmienda parcial. Tan sólo redactó una a la totalidad, con argumentos genéricos que en el PP compartimos. Pero el trabajo parlamentario debiera ser algo más. Tramitar una ley es una oportunidad para mostrar alternativas, y ello exige entrar a fondo en su articulado. Como UPN no lo hizo, nos quedamos sin saber cuál es su postura concreta en relación con la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Por eso resulta incongruente que la consejera Kutz se dedique últimamente a reclamar una ley nacional sobre el tema, cosa que su partido no ha hecho en el trámite que correspondía. Es especialmente chusco que además se permita achacar al PP su puesta en funcionamiento, como dijo en una reciente comparecencia parlamentaria.

He sido ponente del Grupo Popular en la Ley del Aborto. Me he responsabilizado de redactar decenas de enmiendas al articulado, en una de las cuales exponíamos lo relativo a la objeción de conciencia. En concreto, planteábamos que “ningún profesional podrá sufrir menoscabo o discriminación alguna en su situación laboral por negarse a participar en tales intervenciones (abortos). Así mismo, se deberá mantener confidencialidad sobre la identidad de quienes optaran por la objeción de conciencia, en los términos establecidos por la ley”. Y además, propugnábamos que “las administraciones públicas no podrán requerir, en sus procesos de selección y provisión de plazas, la obligación de participar en los abortos”.

Esa enmienda es fruto de varias reuniones que he mantenido con la Organización Médica Colegial (OMC) y con numerosos expertos en bioética y deontología médica. Lo que la consejera Kutz parece que no sabe es que los representantes de los médicos no quieren una ley sobre la objeción de conciencia, porque temen que ello suponga la creación de una “lista negra” que acabe señalándolos y discriminándolos. Lo que plantea la OMC y en el PP hemos recogido es que se aplique la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ya existe; es decir, que se respete un derecho constitucional sin más cortapisas legales. Creo que la misma consejera no es consciente de lo que reclama, o al menos no conoce la implicación que puede acarrear.

En esta materia, al margen de inconsistencias como la que señalo, lo que subyace es otra cosa. El PSN ha aprobado una ley del aborto para Navarra, y ello no ha supuesto que UPN rompa sus relaciones con los socialistas, como sí hizo cuando el CDN se abstuvo en la ley del vascuence. Algunos lo llaman gobernabilidad. Yo creo que es actuar con un lamentable criterio político.

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